En consonancia con la realidad de los países más desarrollados, Chile ha impulsado, hace más de una década (Abusleme, 2018), medidas y acciones para mejorar la calidad de vida de personas con demencia y sus familias, estas últimas afectadas por la sobrecarga del cuidado (Correa, 2015). Este panorama complejo ha incentivado iniciativas de calidad para abordar el escenario actual y futuro, sumándose a la discusión global sobre políticas públicas (Palacios, 2018).
La implementación de programas públicos y privados en Chile revela diferencias según su concepción y estructura (Araya, 2002). La red de salud pública, al contextualizar las realidades comunitarias, somete a las personas afectadas por la enfermedad al rigor de esquemas establecidos para categorizar y facilitar la atención. Este reduccionismo, necesario para la funcionalidad del sistema, contrasta con iniciativas privadas como COPRAD o la Corporación Alzheimer Chile (SENAMA, 2017). Estas, al no conformar un sistema complejo, operan con mayor flexibilidad y focalización, permitiéndoles abordar objetivos específicos.
Es crucial considerar estas diferencias al analizar los objetivos del Plan Nacional de Demencias. Cada sistema (público y privado) tiene restricciones y ventajas. El sistema público, a través de programas preventivos como el EMPAM y EFAM (SENAMA, 2017), y medidas en atención secundaria como el Programa para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, debe abordar el abastecimiento masivo de herramientas y la derivación a especialistas (Palacios, 2018).
La “complementariedad” surge de la mirada particular de organizaciones que trabajan de forma más libre y personalizada, respondiendo a necesidades específicas. Su radio de acción es mayor, con más tiempo para observar, evaluar y tratar el problema, su razón de ser.
La debilidad del sistema público es la fortaleza del privado, y viceversa. Un Plan Nacional de Demencias debe considerar aspectos fuera de su alcance, involucrando a la sociedad civil, no como un apéndice (Objetivo 8, SENAMA, 2017), sino como actor clave en todos los objetivos. Es la sociedad civil quien mejor comprende esta realidad, viviéndola y resolviéndola a diario.
Paradójicamente, este plan, impulsado por organizaciones de la sociedad civil e internacional, cuya recolección de firmas fue liderada por COPRAD (COPRAD, 2018), no les otorga el protagonismo que han demostrado.
El Estado, al intentar cubrir ampliamente las necesidades (MINSAL, 2018) para reducir costos, no logra permear las micro-realidades del país. Sus desafíos son muchos, por lo que la multidimensionalidad implica reconocerse como unidimensional (a pesar de su multidisciplinariedad) y recurrir a apoyos externos. Para involucrar a actores privados, el Estado debería destinar recursos a subsidiar propuestas que mejorarían la calidad de vida de adultos mayores con demencia y sus familias. Esto requiere voluntad política (AgeWatch, 2018).
Esta reflexión surge de mi trabajo diario con adultos mayores, mi experiencia, y referencias bibliográficas y audiovisuales. Es difícil que una política pública aborde al 90% de personas con demencia no diagnosticadas (Abusleme, 2018). Sería útil que la planificación de educación sobre vejez y demencia se organizara con apoyo de organizaciones y entidades públicas para fomentar prácticas, investigación y propuestas que respondan a la inmediatez del problema (FLACSO, 2015).
Una sociedad ideal concientizaría sobre la vejez, la demencia y las necesidades de los cuidadores. Jóvenes ayudarían a vecinos y familiares, y colaborarían con organizaciones, creando actividades cognitivas, entre otras acciones.
